La Defensoría del Pueblo no solo llamó la atención al Gobierno Nacional, sino que solicitó que sea declarado desacato a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, donde se declaró estado de cosas inconstitucional (ECI) y ordenó la creación de un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas (Messep) en La Guajira.

Sin embargo, seis años después de emitida la Sentencia aún existe un incumplimiento grave de las órdenes invocadas, por lo que continúa la vulneración de derechos fundamentales de la niñez wayúu.

No han sido demostrados indicadores y metas que abarquen las dimensiones de disponibilidad y accesibilidad para los derechos a la salud, agua y alimentación, ni criterios de sostenibilidad y de generación de capacidades territoriales para la ejecución de proyectos. En general, los indicadores se enuncian, pero no se operativizan; en consecuencia, no permiten establecer su cobertura real o el impacto de las acciones implementadas.

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La Defensoría encontró indicadores que tienen como fuente sistemas de información que no están en funcionamiento o sistemas que cuentan con información reducida.

Durante la mesa técnica, la Defensoría indicó como necesario no solamente formular indicadores que den cuenta de diagnósticos y estudios, sino aquellos estructurales que midan productos concretos en la superación del ECI y el goce efectivo de derechos. 

De igual manera, destacó la importante darle prioridad a la realización del censo poblacional y la georreferenciación del pueblo Wayúu, así como un autocenso, teniendo en cuenta la dispersión geográfica en el territorio, ya que no se pueden elaborar políticas públicas que garanticen el cubrimiento de la totalidad de la población sin tener determinado su número de habitantes. 

La Defensoría advirtió que se han seguido implementando propuestas y programas, "de los cuales nunca se ha conocido su impacto o resultados".